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16:00h. Miércoles, 18 de septiembre de 2019

Los interinos docentes piden reducción de la ratio y de jornada en las aulas

Las negociaciones para formar Gobierno o aprobar presupuestos, no pueden ni debe afectar a la eficacia del sistema educativo.

El pasado mes de marzo el Congreso aprobó la Ley 4/2019, de 7 de marzo.

Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, en ella se establecen recomendaciones de medidas para la mejora de la docencia que consisten en la reducción de la ratio actual y establecer la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente en centros públicos en un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y un máximo de 18 horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas.

Sin embargo, el subdirector general de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), Santiago Sánchez, durante su visita a la ciudad el pasado 19 de junio, no fue capaz de despejar las dudas sobre la implantación de estas recomendaciones en la ciudad autónoma de Ceuta.

Cabe destacar que el único ámbito sobre el que tiene competencias de gestión en materia educativa el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, resulta incongruente que haga una recomendación que implementarán otras comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura o Asturias entre otras y que, sin embargo, en los territorios en los que tiene competencia el Gobierno central no se pongan en marcha.

Desde la PIDOCE (Asociación Plataforma de Interinos Docentes de Ceuta) consideran necesario para la mejora de la comunidad educativa en su conjunto la implementación de las medidas de mejora que establece la referida ley por lo que solicitamos que se hagan efectivas durante el curso 2019-2020:

  • La reducción horaria
  • La reducción de la ratio en las aulas

La incertidumbre e inestabilidad derivadas de las negociaciones para formar gobierno o aprobar presupuestos no pueden ni deben afectar a la eficacia del sistema educativo, especialmente en territorios que competen al Estado.