El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía exigió en marzo de 2017 que la empresa municipal ACEMSA paralizase la decisión de no enviar la factura en papel a los ceutíes de forma unilateral, pues suponía saltarse los derechos de los usuarios y consumidores, a pesar de que el Área de Consumo manifestaba la obligación de enviarla.

En enero de 2018, ante el incumplimiento de la legislación, el grupo municipal instó a la fiscalía, interponiendo denuncia por la “decisión abusiva” del Gobierno Vivas de arrebatarles un derecho a los ceutíes. Y en abril del mismo año, el juzgado dictaba sentencia contra ACEMSA en la que le obligaba a enviar la factura del agua en papel al domicilio a los abonados, bajo apercibimiento de una multa diaria de 30.000 euros.

A todo esto para hacer cumplir la sentencia, no ha sido hasta marzo de este año cuando la encargada de Presidencia daba la orden para que se ejecutara la sentencia haciendo llegar a los ceutíes la factura de ACEMSA en papel. La empresa dice que “en plena ERA digital da un paso atrás”, pero el MDyC dice hubiesen tenido el consentimiento por los abonados de emitir la factura electrónica, como le indico la formación y la empresa no hubiera llegado a esa situación.

Pero eso no es todo, pues el MDyC espera que no se haya tenido que ejecutar la sentencia y debamos ahora los ceutíes pagar los 30.000 euros diarios desde abril del año pasado, pues la formación exigiría la asunción de la sanción a los responsables de esta decisión.

El MDyC se congratula de la restitución de este derecho y pide a los ceutíes que, contribuyan con el medioambiente dándose de baja en la factura en papel si no les absolutamente necesaria.