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04:46h. Domingo, 16 de Junio de 2019

A pesar de las maniobras para expulsar al MDyC del caso, seguiran con la personación

Los dos investigados por el caso de los chalets del puerto se niegan a responder a la letrada del MDyC

Tanto el ex presidente de la Autoridad Portuaria como el director se han acogido a su derecho a no responder a ninguna cuestión planteada por el MDyC.

En la mañana del día 2, eran citados a declarar en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 1 de nuestra ciudad, el ex presidente de la Autoridad Portuaria y el director del mismo ente por la denuncia presentada por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) el pasado enero, por las obras llevadas a cabo en el Chalet número cuatro del Muelle España, propiedad de la Autoridad Portuaria, al entender que pudieran existir indicios de delitos de prevaricación, administración desleal y malversación de caudales públicos, puesto que, por un lado, es la misma empresa quien ejecuta todos los trabajos, a pesar de superar el límite legal establecido para los contratos menores de 50.000 euros, y porque estamos hablando de lo que acabó siendo básicamente la construcción de un nuevo chalet, cuyo importe de 155.075,65 euros , excede considerablemente, a la cantidad fijada en la ley para los contratos menores.

En la tensa comparecencia, la abogada del Estado ha intentado expulsar al MDyC de la causa y de la comparecencia, a lo que se ha opuesto el Juez. Ambos comparecientes se han negado a responder a las preguntas de la letrada del MDyC, demostrando que no buscan explicar cuál ha sido el procedimiento real para otorgar los contratos y las distintas actuaciones realizadas en esas viviendas, sino tan sólo intentar justificar su falta de participación en los hechos, lo que “solo contribuye a aumentar las dudas de la gestión realizada por los dos investigados en el caso”.

El MDyC, a pesar de las trabas que “se nos ponen, seguirá adelante hasta que se esclarezcan los hechos, razón por la cual los ceutíes nos pusieron en el Ayuntamiento, para fiscalizar la actuación del Gobierno Vivas, que han antepuesto sus intereses personales a los de Ceuta”.