El Consejo de ministros ha anunciado hoy un plan de empleo público que contempla la creación 33.793 nuevas plazas para este año, lo que supondría que 675 deberían corresponder a personas con discapacidad intelectual. Desde Plena inclusión España se recuerda al Gobierno de Sánchez que todavía no se han convocado las 287 (167 nuevas y 120 de promoción) plazas para al colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo anunciadas en julio de 2018.

“Desde el movimiento asociativo que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo reclamamos que el Ministerio de Función Pública respete los compromisos adquiridos en relación las exigencias que fija la ley”, reivindica Enrique Galván, director de Plena inclusión España, la confederación que agrupa a 900 entidades de todo el Estado

Nueve meses de retraso

En julio pasado, el Ejecutivo anunció que se convocarían 167 nuevas plazas de empleo público y otras 120 de promoción interna en la modalidad de reserva del 2% para personas con discapacidad intelectual. Hasta el momento estas previsiones no se hayan llevado a efecto.

Por otro lado, desde Plena inclusión se recuerda que todavía algunas comunidades autónomas no han realizado convocatorias específicas para plazas que deben ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual.

En estos días sí que se incorporarán a sus puestos de trabajo en administraciones públicas 299 personas con discapacidad intelectual que obtuvieron sus plazas en convocatorias anteriores. Desde Plena inclusión España recuerda algunas de las reivindicaciones sobre cuestiones que no se cumplen en la actualidad:

• Que los centros cuenten con preparadores laborales que acompañen a las personas en los procesos de adaptación al nuevo puesto.
• Que se les garantice una formación accesible y adaptada.
• Que se aumenten las plazas de promoción interna y se adapten para este colectivo.
• Que amplíe el rango perfiles laborales a los que pueden optar más allá de la actual opción de ‘Ayudante de Gestión y Servicios Comunes’ (ordenanza), que es la única posibilidad que la Administración General del Estado ha cubierto hasta la fecha.