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16:16h. Jueves, 22 de agosto de 2019

¿Es la plena inclusión una utopía? A priori podríamos decir que sí, pues tras años de cambios y políticas dedicadas a ello aún no se ha logrado. Si la respuesta a la pregunta fuera afirmativa, está claro que no lucharíamos para lograr los cambios deseados. Unos cambios que deben conseguirse entendiendo la discapacidad de manera inclusiva desde la escuela. En los colegios podemos encontrar profesores muy preparados para atender a niños con las discapacidades más frecuentes, pero se encuentran con la problemática añadida de tener que terminar un extenso temario y con padres poco concienciados con las discapacidades que piensan que estos niños tienen que estar en colegios especiales para no ralentizar la evolución y aprendizaje de sus hijos. Es la Administración la encargada de garantizar los recursos necesarios a los centros educativos para atender a este colectivo. Queda mucho por hacer, es imprescindible interesarse realmente por cuales son las necesidades de los padres, profesores y niños con discapacidad, no desde un despacho y sí desde las aulas.

Las personas con discapacidad física, se encuentran en nuestra sociedad, con múltiples barreras arquitectónicas que dificultan gravemente su libertad de movimiento, privándoles de plena inclusión social. En nuestra ciudad podemos encontrar muchísimas de ellas, desde un vehículo mal estacionado en el borde adaptado de una acera, hasta tiendas de reciente apertura sin las medidas de accesibilidad adaptadas para personas con movilidad reducida.

Es muy importante que respetando la singularidad de cada cual y por tanto la diversidad, todas las personas tengan garantizadas por los poderes públicos sus derechos. Las políticas por tanto deben ser proactivas para que consigan eliminar los obstáculos que todavía persisten para las personas con capacidades diferentes, para que alcancen una situación de igualdad en todos los ámbitos y vean protegidos sus derechos fundamentales sin que sean objeto de discriminación, acoso, exclusión o agresión.

La inserción en el mercado laboral es uno de los ejes de integración más importantes para las personas con discapacidad con el objetivo de garantizar el reto de la igualdad de oportunidades. La realidad laboral muestra una evidente desventaja para este colectivo. A las dificultades para acceder a un empleo se suma la importante brecha salarial que sufren una vez que adquieren trabajo y en el caso de las mujeres con discapacidad la situación se agrava ya que hay que añadirle la brecha de género. Esta situación de desventaja viene acompañada del incumplimiento por parte de las empresas de más de cincuenta empleados (tanto públicas como privadas) en materia de contratación. El R.D.L 1/2013 de 29 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social exige reservar como mínimo un 2% de sus plantillas a empleados con discapacidad. Se tendría que establecer un régimen de sanciones que garanticen las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.

¿Por qué contratar a este colectivo? Existen encuestas que relacionan la discapacidad con un menor absentismo laboral y una mayor motivación que encuentra su fuente en el esfuerzo y el afán de superación inherente a toda discapacidad. Las empresas que contraten personas con discapacidad cumpliendo la normativa vigente, tendrán preferencia en la adjudicación de contratos del sector público. La contratación de personas con discapacidad enriquece la política de responsabilidad social de las empresas y proporciona bonificaciones a la cuota de la Seguridad Social, beneficios fiscales y subvenciones. No hay que centrarse en lo que no pueden hacer sino en lo que sí pueden hacer, su actitud, habilidad y capacidades para desarrollarse con libertad y autonomía.

La integración social de las personas con discapacidad es un derecho constitucional y corresponde a los poderes públicos llevar a cabo políticas que eliminen las barreras que la impiden o dificultan. Trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad es tarea de todos.

Samia Hossain, miembro del MDyC