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07:30h. Miércoles, 18 de septiembre de 2019

Derechos de los migrantes menores de edad

Parece que pronto olvidamos al crecer esa etapa de la vida comprendida entre el nacimiento y el principio de la adolescencia. E incluso la propia adolescencia. Las inquietudes, desazones, miedos, temores, inseguridades, etc., que entre otras emociones y estados del ser humano, las envuelve.

Los menores migrantes son iguales pero además las circunstancias los convierten en adultos apresuradamente. Necesitando un espíritu de supervivencia, en el mayor de los casos, impropio de su edad biológica.

Se convierten en supervivientes marcados por el proceso migratorio que suele condicionar su desarrollo emocional y por tanto participar del proceso de definición de su personalidad.

¿Cómo podemos conseguir mitigar o incluso anular las consecuencias de estas vicisitudes? En primer lugar sería necesaria una intervención socioeducativa encargada de crear un vínculo entre los profesionales, la comunidad en general y el menor.

La humanidad debería primar en el acto de creación de este vínculo. No debemos obviar que hablamos de menores, futuros ciudadanos.

La cantidad de niños y niñas que llegan a la mayoría de edad en algún programa de transición a la edad adulta es ínfima. Como es fácil comprender esto da lugar a una desafección social.

Unos treinta millones de niños y niñas viven lejos de sus hogares por haberse visto obligados a desplazarse. Las situaciones que propician estos viajes voluntarios o involuntarios son múltiples, huir de la miseria, inseguridad, falta de oportunidades, búsqueda de educación, o evitar matrimonios precoces, etc.

La frontera sur de Europa es España. Ceuta evidentemente forma parte de ella y como tal recibe la llegada de un gran número de población migrante.

El Gobierno y las instituciones públicas tienen la obligación de proteger y defender los derechos de todos estos niños, niñas y adolescentes. Deben actuar implementando medidas que aseguren su protección y les ofrezca oportunidades para vivir. Hoy y mañana.

Debemos recordar y recalcar que los derechos de la infancia, de los niños y niñas, son derechos humanos.

La Convención sobre los Derechos del Niño existe porque es necesario aportar una protección especial a la infancia que no ofrece la Carta de Derechos Humanos. Hay derechos de los adultos que no pueden aplicarse a los niños y viceversa.

Los derechos de la infancia son indivisibles, interdependientes y están vinculados unos con otros. Cuando en un caso concreto existe un conflicto de derechos, un derecho puede anteponerse a otro a la hora de tomar una decisión. Pero esto no implica que haya derechos más importantes que otros.

Derechos a la supervivencia y a la salud deben disfrutar del nivel más alto posible de salud y recibir atención médica siempre que lo necesiten. Los gobiernos que han firmado la Convención tienen que trabajar para que esto sea una realidad. Derecho a la educación tener acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar sus mentes hasta el máximo de sus posibilidades. Que les proporcione oportunidades. Derecho al juego, necesitan tiempo para el ocio y actividades culturales. Derecho a vivir con su padre y su madre, excepto en los casos que la separación sea necesaria para el interés superior del propio niño. Derecho a la protección, hay que conseguir que crezcan alejados de situaciones de peligro, de malos tratos, de explotación, de abusos, etc.

Estos son algunos de los derechos recogidos en un tratado internacional que obliga a los gobiernos a cumplirlos: la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Es el tratado más ratificado de la historia y los 195 Estados que la han ratificado tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño. Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños.

Desde Podemos Ceuta estamos totalmente en contra de políticas que no defiendan y respeten ni los Derechos Humanos ni los Derechos del Niño. Totalmente en contra de la visión sesgada y acusatoria que se realiza sobre estos y estas jóvenes, de la imagen que se intenta dar relacionando criminalidad con la pobreza y necesidades de estos menores que no olvidemos tenemos que proteger. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas están obligados a protegerlos, tutelarlos y garantizar sus derechos.

No avalamos ni avalaremos las políticas de quiénes lejos de protegerlos y solucionar problemas los magnifican o ignoran.