A pesar del contrato, anunciado por la ciudad que aún no se ha llevado a efecto, la empresa no va aceptar el contrato tal y como lo presenta la Ciudad.
El sindicato exige a la Ciudad que ponga fin a este conflicto que sufren los trabajadores y la ciudadanía, municipalizando este servicio público de transporte urbano.
Caballas no descarta emprender acciones legales contra el Gobierno, si se convierte en cómplice de la empresa velando más por sus intereses, que el de los ceutís.
El objeto de esta ampliación según ha indicado Alberto Gaitán, es la inclusión de un nuevo colectivo de beneficiarios, que son los empleados inscritos en el SEPE.
La empresa de autobuses tiene la intención de no hacer frente a la totalidad de los salarios de los trabajadores, además amenaza con un descuelgue del Convenio Colectivo.
El Gobierno se apresuró a decir que estaba en contra de esta propuesta, el Grupo supone que “por razones estrictamente ideológicas, ya que no existe memoria alguna que soporte esta opción”.